No sólo cobran por mes 900 pesos de salario sino que, además, son destinados a realizar trabajos denigrantes para la condición humana. Así son tratados por el municipio de Nueva Pompeya los 12 aborígenes empleados en la comuna. La denuncia por discriminación y maltrato laboral surgió tras la visita que realizaron a la localidad funcionarios de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, con Julio García a la cabeza.
Se trata de un municipio gobernada por Vicente González (UCR), ubicado en pleno Impenetrable chaqueño, a 285 kilómetros de la capital departamental (Castelli) y a 480 de la capital provincial. Allí, los 12 trabajadores municipales miembros de comunidades indígenas del lugar cobran -por mes- un salario que no supera los 1.000 pesos, inferior al que perciben otros empleados municipales criollos que mensualmente cobran 1.700 pesos más el adicional por antigüedad correspondiente.
Según pudo saber NORTE y de acuerdo con los textos de las denuncias que se encuentran en poder del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), todos son antiguos trabajadores del municipio e incluso algunos tienen más de 15 años de servicios, siempre con salarios indignos y menores al resto de sus pares. También todos son padres de familias numerosas que forman parte de las comunidades aborígenes radicadas en torno al ejido urbano.
Trabajo insalubre
“Según los testimonios que pudimos recoger, la gente del lugar dice que sólo estos trabajadores indígenas cobran esos salarios y la diferencia con el resto es enorme”, describió a NORTE Julio García. A la vez señaló que los aborígenes son ocupados para realizar los peores trabajos como el manejo de basura y de aguas servidas.
“Estuvimos el jueves y viernes de la semana pasada en Nueva Pompeya. Recibimos las denuncias y dimos intervención al gremio y al INADI”, recordó el funcionario del Ministerio de Gobierno, quien hizo público el caso durante una rueda de prensa ofrecida el miércoles.
Así, precisó que los 900 pesos que cobran los indígenas se contraponen con el salario mínimo recién acordado y anunciado por la Presidenta es 2.300 pesos. Los trabajadores pertenecen a las comunidades indígenas de la zona de Nueva Pompeya, localidad que tiene un ejido de 500 hectáreas y a cuyo alrededor viven estas comunidades.
Reclamos ignorados
Por otra parte, García dio cuenta de un reclamo desatendido por el municipio que tiene ya un largo tiempo. Se trata de un mural colocado en el ingreso al pueblo que expone en su imagen a un indígena arrodillado.
“Integrantes de las comunidades del lugar solicitaron varias veces a la intendencia que saque o borre el mural pero directamente los ignoran”, lamentó finalmente el funcionario.
(Fuente: Diario Norte)
