Las sentencias no paran las fumigaciones.
Un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Chaco ratificó la sentencia de primera instancia que en su momento dictó, con muy buen criterio, el Dr. Héctor Edgardo García Redondo, juez del juzgado civil 14 de Resistencia, disponiendo que los propietarios de las arroceras Cancha Larga y San Carlos debían respetar una distancia de dos mil metros de los lugares poblados o cursos de agua cuando pulverizaban con avionetas, y de mil metros cuando las aplicaciones fueran terrestres. Si bien el pronunciamiento no protege con plenitud la salud pública y la biodiversidad, la decisión fue muy apreciada por la mayoría de la población de La Leonesa y de Las Palmas, aunque el intendente Carabajal pública y privadamente apoyó y se asoció a las arroceras para que continuaran aplicando agroquímicos sin ningún tipo de control, ni limitaciones. El proceso más virulento terminó en el escándalo que protagonizaron este funcionario público y su esposa diputada cuando arremetieron contra el Dr. Carrasco, impidiendo que científicamente disertara sobre las consecuencias nocivas del uso de los agrotóxicos en la salud humana. Lo que siguió al vergonzoso escándalo es de público conocimiento; sin embargo, poco ha cambiado en La Leonesa y en las arroceras de Eduardo José Meichtry.
Activaron esperanzas e ilusiones.
Cuando el fallo fue conocido por los medios de comunicación, rápidamente algunos sectores interpretaron que en nuestra provincia se protegería la salud de la población y del ambiente, antes que los negocios de la agricultura. Sin embargo, todo permite suponer que las fumigaciones continuarán efectuándose sin ningún tipo de control o con controles insuficientes y deficitarios por parte del Ministerio de la Producción, específicamente de la Subsecretaría de Ambiente y de la Dirección de Sanidad Vegetal, que tiene a su cargo vigilar que se cumpla la ley que regula la utilización de los agrotóxicos. La dependencia específica que tiene que cumplir este rol no tiene inspectores, vehículos, combustibles, viáticos y comisiones, salvo una excepción. En definitiva, el actual gobierno no tiene política ambiental, social y sanitaria real, y menos aún programas planificados y concretos en vía de ejecución, con el objetivo de preservar la salud pública y el ambiente. Salvo escasas excepciones, la gran mayoría de los productores agropecuarios fumigan cuando, donde y como quieren, sin que les interese la ley de biocidas y los discursos muy optimistas difundidos por los medios de comunicación.
La sentencia del Superior Tribunal, que refirió el paradigmático caso que involucra a las megas arroceras San Carlos y Cancha Larga, de propiedad de Eduardo José Meichtry, que entornan por el sur a la población de La Leones y de Las Palmas, generó la esperanza o la ilusión de que limitaría el uso de los agrotóxicos que masivamente arroja el actual modelo agropecuario en las chacra. Algunos interpretaron que el pronunciamiento judicial golpeó la mecánica del modelo agropecuario, estableciendo que no se podría fumigar a mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua. Se interpretó, casi ingenuamente, que se priorizaba la protección de la salud y del ambiente por sobre la rentabilidad económica.
De tan absurdo que es este escenario, cuesta creer en la especuladora confluencia de intereses económicos y políticos en la irracional ambición de producir dinero a escala, a través de la agricultura industrial, que no genera mano de obra sino que concentra la riqueza en mano de pocos, mientras contamina. Otro ejemplo, nítido e inocultable, de este fenómeno son los rollos de pasturas elaborados con los rastrojos de arroz cosechado en las chacras Campo Largo y San Carlos. Estos productos, sumergidos y colmatados con agrotóxicos, son entregados a pequeños productores, que no tienen dinero para comprar forrajes, para que alimenten a sus animales. Esto lo hacen bajo el manto de una supuesta estrategia sensible y solidaria de empresarios y políticos. La falsa solidaridad y el clientelismo político logran que los pocos animales de los minifundistas y pequeños productores de la zona se nutran de agrotóxicos, para que luego sean convertidos en carnes, embutidos y chacinados, destinados al consumo humano, no solamente en la zona. Esta es la trazabilidad de la cadena de seguridad alimentaria que la propaganda oficial presenta como un paradigma de buena gestión. Por esto es que repetimos que el escenario es absurdo, en su máxima expresión.
Esperanzas e ilusiones que se esfuman
Las esperanzas y las ilusiones se esfumarán rápidamente, sobre todo en la población cercana a la arrocera Cancha Larga, cuyo esquinero norte se encuentra a poco más de trescientos metros de la laguna “El Moncholo”, que es la fuente de la que toma agua Sameep para potabilizar y entregar a los vecinos a domicilios, más el barrio La Ralera cuyos vecinos reclaman, desde hace mucho tiempo, que paren de fumigar. En la arrocera prepararon la tierra dando inicio a la campaña 2011/2012 sin que se respete la distancia ordenada por la sentencia dictada por el Dr. García Redondo, lo que permite suponer que van a fumigar en los sectores prohibidos. Las imágenes son ilustrativas; mientras tanto, los controle son nulos y los discursos muy repetidos y falsos, con lo cual se va a continuar permitiendo que prosperen los negocios relacionados con la agricultura industrial, de la mano de la aplicación de un paquete tecnológico extremadamente contaminante, por encima de la salud pública y de la biodiversidad, lo que permite especular que en el mediano plazo se harán visibles todos los formidables daños sociales, sanitarios y ambientales que están germinando en el curso de los últimos diez años.
Van a fumigar una escuela en Buenavista
Se encuentra en preparación la tierra para cultivar enfrente de la escuela de la Familia Agrícola 141, llamada “Fortaleza Campesina”, ubicada en el paraje Buenavista, que depende de General San Martín. Este establecimiento, que es de orientación agroecológica, viene formando a los hijos de los lugareños, que son minifundistas y pequeños productores, en los conceptos modernos y superadores de la ecología y de la preservación de la biodiversidad ambiental, auspiciando las actividades productivas amigables y no contaminantes, con el claro objetivo de la preservación de la salud pública. En años anteriores ya lo han envenenado con los agroquímicos. Ahora están preparando la tierra, a lo que seguirá la siembra y la aplicación de los agrotóxicos. Las imágenes son ilustrativas porque ponen en evidencia la estrecha cercanía de la chacra con la escuela, de manera de que van a ser fumigados.
Decíamos que las esperanzas y las ilusiones que generó la sentencia del Superior Tribunal se esfumarán rápidamente. La lógica brutal del modelo productivo impuesto en la Argentina no se detiene ante los pronunciamientos del poder judicial, lo que no es ninguna novedad porque en este país las sentencias son cumplidas por aquellos que no pueden desobedecer por las limitaciones de sus condiciones. Funcionarios públicos de alta jerarquía y los que integran los sectores del poder económico concentrado, tiene poca voluntad de cumplir con la ley y con lo que ordenan los jueces. Saben que cuentan con el poder político de turno, que no controla nada como mecanismo para que cada cual haga todo lo necesario para sus propios intereses, sin importar las consecuencias sociales, sanitarias y ambientales que derivan del uso masivo de los agrotóxicos. De esta manera se están gestando futuras generaciones de chaqueños que si no mueren prematuramente, acarrearán enfermedades estrechamente vinculadas con el uso de los agroquímicos, sin olvidar que en el presente ya se han producido muchos nacimientos anormales y patologías que gradualmente fueron repitiéndose de manera creciente en los lugares en donde se fumiga sin ningún tipo de control.
Resistencia, 31 de agosto de 2011
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