El Centro Nelson Mandela recurrió a la Defensoría de Pueblo de la Nación por la falta de instrumentación del Juzgado Multifuero en Misión Nueva Pompeya aprobado por ley. Dijo que constituye “negación de justicia” para los pobladores de El Impenetrable
A continuación publicamos el documento remitido por el doctor Rolando Núñez, coordinador del Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela:
EL IMPENETRABLE CHAQUEÑO: NEGACION DE JUSTICIA
A raíz de que no ha sido creada la Defensoría del Pueblo del Chaco, debimos acudir ante el Defensor del Pueblo de la Nación. Recurrimos con el objeto de solicitar la intervención de ese organismo en función de que no se ha puesto en funcionamiento el Juzgado Multifuero de Misión Nueva Pompeya. Alegamos que tal situación, larga e ininterrumpida, constituye un caso concreto de negación de justicia en virtud de las pautas mínimas que en materia de administración de justicia han fijado los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, vigentes en la República Argentina a partir del año 1994.
El Impenetrable
Informamos al Defensor del Pueblo que la superficie física de El Impenetrable alcanza una extensión aproximada de 35.000 km. cuadrados, constituyendo el 35% del territorio del Chaco. Sin embargo, el último sistema judicial instalado para toda esa amplia y alejada región tiene su enclave en la ciudad de J.J. Castelli. Concretamente, dijimos que la justicia civil, laboral, administrativa, comercial, correccional y penal termina en dicha ciudad, de tal modo que las comunidades indígenas y de criollos más pobres de la República Argentina deben recorrer cientos de kilómetros para llegar a los tribunales, por lo que se repiten y se profundizan los abusos, atropellos, malos tratos y explotaciones que benefician a los sectores concentrados de los poderes político y económico, quienes tienen garantizado un amplio régimen de impunidad.Agregamos que el sistema de Justicia de Paz existente en la región es obsoleto, brindado sin medios apropiados, con todo tipo de carencias y, fundamentalmente, dirigido por jueces que fueron nombrados mayoritariamente sin que rindieran concursos públicos de antecedentes y oposición, de tal modo que la mayoría de ellos fueron digitados por los intereses políticos y judiciales de la época nefasta que arrancó en 1995 y que continúa hasta la fecha, generando una degradación institucional sistémica, en donde el broche más indecoroso pasa por la integración de una mayoría automática que integra el Superior Tribunal de Justicia, a su vez órgano de gobierno del poder judicial del Chaco, que también accedieron a sus cargos por la voluntad hegemónica del régimen político de la época, lo que permitió que sus nombramientos no estuvieran precedidos por concursos de antecedentes y oposición.
Negación de justicia
Enfatizamos ante el Defensor del Pueblo que el escenario brevemente reseñado le permitiría comprender que las poblaciones que habitan en El Impenetrable no sólo que no acceden al poder judicial, sino que se les priva del servicio de justicia, de tal modo que presenciamos un caso concreto de negación de justicia, lo cual –según nuestra opinión- coloca a Chaco en una situación directa de violación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.Los reclamos ante los poderes públicos del ChacoTambién acreditamos los reclamos que formuláramos ante el Superior Tribunal de Justicia y la Cámara de Diputados del Chaco, instando a ambos poderes a poner en funcionamiento inmediato el estratégico Juzgado Multifuero. Señalamos que al no haberse previsto para el año 2010 las partidas presupuestarias para financiar el inicio de las actividades de este juzgado, se conspiró contra las Constituciones de Argentina y Chaco, contra los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y, finalmente, contra la Ley Nº 6357/09, dictada por la Cámara de Diputados del Chaco para crear la Defensoría del Pueblo.
Servicio de justicia itinerante
Ilustramos al Defensor del Pueblo de la Nación sobre el hecho concreto de la enorme extensión de El Impenetrable y el escaso nivel de desarrollo, de accesos y de comunicaciones con la ciudad de J. J. Castelli, cabecera del Departamento Guemes, para reconocer que la creación del Juzgado Multifuero sería insuficiente, aunque constituiría un paso importante en un proceso de instalación efectiva del servicio de justicia en toda esa amplia región, como garantía concreta para el ejercicio pleno de los derechos y de las libertades públicas y privadas de quienes habitan la zona. A partir de dicha premisa señalamos que el funcionamiento del Tribunal Multifuero se debería complementar con un servicio de justicia itinerante, conformado por un juez, un fiscal y un defensor oficial, referenciados en el Juzgado Multifuero, en función de que los justiciables de Fortín Belgrano, Tartagal, Comandancia Frías, entre otros, deben recorrer hasta 400 kms. para llegar al sistema judicial que funciona en Castelli.
El reclamo ante el Superior Tribunal
Por nota formal planteamos ante los ministros del Superior Tribunal que El Impenetrable es un territorio que se caracteriza por la pobreza extrema y la máxima exclusión social. El otro costado, penoso, que rodea a la gran mayoría de los pobladores de la región, es que están sometidos a un verdadero estado de indefensión dado que el servicio de justicia verdaderamente no funciona. Destacamos que los poderosos de la zona, y sus socios extramuros, políticos y económicos, explotan, abusan, atropellan y hacen lo que quieren con las comunidades indígenas y los criollos pobres. Entre los intendentes, jefes de comisarías, jueces de paz, directores de hospitales y consorcistas, manejan la vida y los bienes de los sectores pobres, con total impudicia, seguros de gozar de una inquebrantable y absoluta impunidad. Por esto es que siempre decimos que El Impenetrable es un territorio de pobres, indefensos y filibusteros, que se aprovechan de todos los modos y de todas las maneras imaginables, especialmente cuando son funcionarios públicos, particularmente cuando son dirigentes, esencialmente políticos o aspirantes a serlos. Dijimos, entonces, que no se podía perder más tiempo en poner en funcionamiento un Juzgado Multifuero en Misión Nueva Pompeya, cuya creación ya ha sido contemplada por ley por lo que ningún motivo o causa podía justificar que el poder judicial chaqueño continúe en mora e incumpliendo con la prestación del vital servicio de justicia. Sostuvimos que no podrían argumentarse razones presupuestarias, aún cuando conocemos la estrechez de recursos que acarrea este estratégico poder, puesto que sabemos de la existencia de gastos burocráticos, supérfluos o innecesarios, que conspiran contra la apropiada administración de los recursos, a la vista de un presupuesto menguado, que ha retrocedido en su participación relativa frente a las restantes jurisdicciones que integran el presupuesto provincial.Destacamos que se crearon tribunales y se pusieron en funcionamiento otros juzgados destinados fundamentalmente a resolver los problemas de cobranzas de capitales e intereses usurarios de bancos, financieras y casas comerciales y de servicios, con lo cual han quedado claramente en evidencia las prioridades del actual poder judicial, frente a las inobservancias y violaciones de los más elementales derechos, garantías y libertades públicas y privadas de los sectores más excluidos de la población chaqueña porque viven en El Impenetrable, que están obligados a navegar sin una verdadera tutela judicial. Los recursos El 02 de junio de 2009 ingresó a la Cámara de Diputados la presentación efectuada por el Secretario de Superintendencia del STJCh, Dr. Jorge Roberto Amad, la nota dirigida a la entonces Presidenta Arquitecta Alicia Mastandrea. Comunicaba sobre lo dispuesto por Acuerdo Nº 3094, Pto. 9º, de fecha 13/05/09, adjuntándose el informe de la Dirección General de Administración del Poder Judicial, que presupuestó los costos estimativos que demandaría la puesta en funcionamiento del Juzgado Multifuero, que establecía los siguientes valores anualizados: habilitación del tribunal en inmueble alquilado: $ 3.181.000,000,00; mientras que con inmueble a construir, ascendería a $ 3.785,000,000,00.Luego se supo que se aprobó un presupuesto general para la provincia del Chaco para el ejercicio 2010 que fue de $ 6.129.026.800, de los cuales correspondió al poder judicial $ 325.926.000,00, en concepto de erogaciones corriente y de capital, con un total de personal de planta permanente de 3.090 y temporario de 282, sobre un total general provincial de 40.513 agentes.
La Cámara de Diputados
A pesar de la realidad de pobreza extrema, máxima exclusión y negación de justicia, la Cámara de Diputados no incluyó en la ley Nº 6476/09 (presupuesto financiero, Ejercicio 2010) los recursos necesarios para la puesta en funcionamiento del Juzgado Multifuero en Misión Nueva Pompeya. Los diputados no comprendieron la extrema necesidad de contar con un tribunal que permita llevar el servicio de justicia a la región más olvidada del Chaco. Continuará la negación de justiciaEn el presupuesto general 2011 tampoco se contemplaron los recursos que se necesitan para poner en funcionamiento este juzgado, con lo cual se produce el cierre completo del círculo de los poderes y de los funcionarios chaqueños que apuestan a que continúa el estado de indefensión de las grandes mayorías sociales de El Impenetrable, que es lo mismo que decir que apoyan la persistente y continua negación de justicia que sanciona diariamente a dicha población, que insistimos es la más pobres e indigente en la República Argentina, sometida a los peores malos tratos, abusos, atropellos y explotaciones, que forman parte de un sistema devastador, con grandes beneficios para pocos”.
Fuente: http://www.chacodiapordia.com/noticia.php?n=51391
sábado, 12 de marzo de 2011
sábado, 5 de marzo de 2011
Chaco: APUNTAN A LA EXTRANJERIZACION Y CONCENTRACION DEL USO Y DELA EXPLOTACION DE LAS TIERRAS FISCALES
El gobierno nacional impulsa, política e institucionalmente, un importante proyecto para lograr una nueva regulación de la propiedad de la tierra en la Argentina, con eje en la protección de la soberanía, pero fundamentalmente con el objetivo de impulsar el acceso a la propiedad de miles de familias campesinas, minifundistas y pequeños productores sin tierras. El proyecto habla de la regulación de la propiedad de la tierra casi en el umbral de considerarla como “un bien social”, lo que implica una profunda modificación positiva en el concepto y en la visión acumulada ininterrumpidamente en nuestro país. El objetivo mayor de la nueva postura política nacional se orienta a frenar el fuerte proceso de extranjerización de la tierra y a establecer un nuevo régimen en materia de contratos rurales. Se reconoció, al fin, que 17 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras, en regiones de alta concentración de recursos naturales estratégicos y de gran valor de biodiversidad. También se admitió que más de 500 mil familias campesinas están excluidas de la tierra, que es lo mismo que decir que son excluidos de la producción y del trabajo, o sea que integran el vasto lote de pobres e indigentes de la Argentina.
La propia presidenta Cristina Fernández anunció, durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que la futura regulación de la propiedad de la tierra seguirá el modelo brasilero, indiscutiblemente progresista aunque insuficiente. Se enfatizó sobre la intensa ola de compra y concentración de tierras por parte de extranjeros, profundizada durante la época menemista, rescatándose la necesidad estratégica de defender el interés y el desarrollo nacional.
Algunas pautas del memorándum de entendimiento
El memorándum de entendimiento fue firmado el 22 de febrero entre el gobernador de Chaco, la firma Alkhorayef Group Company (AGC), representada por José F. Tomás y Siasa Latinoamericana (SIASA), encabezada por Daniel Tardito. Los compromisos asumidos no son jurídicamente vinculantes; no se generan derechos ni obligaciones para los firmantes, de manera que es posible ser dejado de lado el entendimiento sin que traiga aparejado ningún tipo de consecuencias económicas o de otra naturaleza.
AGC se presentó como una empresa diversificada en industria, comercio y desarrollo de proyectos, dedicada al suministro y mantenimiento de maquinaria pesada y equipamiento de riego, más otros servicios para el sector agrícola, en forma directa o a través de sus empresas controladas. Para cualquier notificación fijó domicilio en la Caja 305 del Correo de la ciudad de Riad, Arabia Saudita. SIASA se presentó como una sociedad anónima, en formación, con oficinas en Tigre. Tiene por principal objeto agrupar managers.
El objetivo del entendimiento sería el desarrollo, llave en mano, de un emprendimiento agrícola en aproximadamente 40 mil hectáreas de tierras de propiedad de la Provincia del Chaco. La producción que se logre debe ser entregada al Reino de Arabia Saudita. AGC será el desarrollador del proyecto y principal responsable de Arabia Saudita, vinculando a las fuentes de financiamiento saudí, a los ingenieros, a los sub-contratistas, consultores y proveedores, asegurándose en operar como el único y exclusivo comercializador de los productos agrícolas que se obtengan en el emprendimiento.
La preparación del estudio de viabilidad del proyecto está a cargo de la Provincia del Chaco. Mientras tanto, AGC y SIASA indicarán el fondo saudita interesado para el desarrollo y otros financistas internacionales que deseen participar en la financiación del proyecto, a través de un préstamo a la Provincia del Chaco, que debe ser garantizado por la República Argentina, como garante soberana.
En el futuro se debe elaborar el proyecto de desarrollo vinculante, a partir del cual comenzarán las responsabilidades irrenunciables de las partes, en términos de financiamientos y de ejecución del proyecto, que se plasmarán en los contratos definitivos.
En cuanto a la financiación, de punta a punta aunque sin especificaciones, se contempla que requerirá de 300 a 400 millones de dólares estadounidenses. En el artículo 2.4 se precisó que las necesidades de financiamientos se obtendrán a través del apoyo del Banco Saudí de Desarrollo, los bancos regionales y los financistas comerciales, con garantía soberana argentina, con un financiamiento aproximado de 12 años.
En al artículo 2.6 se establece que la Provincia del Chaco poseerá y proveerá la tierra y proporcionará todo tipo de apoyo para la ejecución del proyecto, garantizando que las empresas de Arabia Saudita tengan prioridad en el alquiler de la tierra, así como a AGC.
Chaco no coincide con las políticas nacionales
De todas y de cada una de las cláusulas del memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno del Chaco, AGC y SIASA deriva que el emprendimiento inevitablemente desembocará en la concentración y en la extranjerización del uso y de la explotación de las tierras fiscales. Al mismo tiempo, de manera inesperada, ha quedado en evidencia que los lineamientos de la gestión local no coinciden con las pautas del gobierno nacional, en un tema que no es menor sino estratégico para los intereses del país y de alta exposición por la sensibilidad de la opinión pública respecto del preocupante y creciente fenómeno de extranjerización de la tierra argentina.
En cualquier caso, la decisión política del gobierno provincial merece un fuerte reproche y una esclarecedora crítica social porque cuando incipientemente nace en Argentina la necesidad y la urgencia de regular la propiedad y uso de la tierra con parámetros modernos y progresistas, al amparo de la concepción de bien social de la tierra, aparece este emprendimiento que contradice abiertamente las pautas mínimas de administración responsable de las tierras fiscales y de los recursos naturales, que es lo mismo que decir que no se custodia ni se protege el ambiente y la biodiversidad.
El emprendimiento no se ajusta a la ley y a la Constitución
El proyecto desvirtúa y desnaturaliza la letra y el espíritu de la Constitución, que establece -con absoluta claridad- las pautas que regulan la propiedad, el uso y la explotación de las tierras fiscales, señalando a quienes se debe adjudicar, los objetivos perseguidos y las prohibiciones. Nuestra carta magna definidamente alienta la entrega de la tierra a pequeños productores, a sus hijos y a las comunidades indígenas, prohibiendo la entrega a sociedades mercantiles, salvo excepciones que deben ser formuladas por ley, con fundamentos serios y comprobables.
Nuestra Constitución no autoriza a que el gobierno alquile las tierras fiscales. Desde esta perspectiva, el emprendimiento con financistas saudí se evidencia absolutamente inconstitucional, además de ser un nuevo caso de extranjerización y de concentración de las tierras.
Además, el proyecto no se ajusta a la ley 2913 ya que a lo largo de su texto no contempla que el gobierno provincial alquile tierras fiscales. Por ello es que la continuidad y ejecución del temerario emprendimiento necesitará –inevitablemente- de la sanción de una nueva ley para que se modifique la actual. En ese marco aparece la responsabilidad futura de los legisladores provinciales, quienes no deberían apoyar tal iniciativa, con lo cual harían un gran aporte en la tarea de preservar los derechos colectivos y los activos de los chaqueños, actualmente en riesgo frente a proyectos como el analizado.
Escasa o nula factibilidad ambiental. Los riesgos y daños
Por si fuera poco que el emprendimiento sea inconstitucional y que no tenga cobertura legal hasta tanto se sancione una nueva ley que calce -como guante a medida- en los intereses que se auspician, el gobierno difundió que el proyecto se localizaría en la zona de Las Hacheras. Esta pequeña comunidad rural, ubicada sobre la ruta provincial Nº 9, a 30 kms. de Miraflores, inicia lo que se llama el camino costero hacia Nueva Pompeya y localidades ubicadas más al norte, en El Impenetrable. A su vez, Las Hacheras se localiza también a 30 kms. del único puente de ingreso a la Estancia “La Fidelidad”, de propiedad de los hermanos Roseo, hoy objeto de una gran disputa entre pretensos herederos y compradores fraudulentos después del cruel asesinato de don Manuel. Este campo todavía preserva una extraordinaria riqueza ambiental y de biodiversidad a lo largo de las 148 mil hectáreas ubicadas en el interfluvio chaqueño, con un bioclima excepcional, hoy expuesto a saqueos, a la extracción ilegal de productos forestales, a sobre pastoreos y a ocupaciones ilegales porque no cuenta con ninguna protección.
La región que se extiende entre el Río Bermejo y Las Hacheras está integrada por suelos que no son aptos para la agricultura, aún con riego artificial. Son suelos Clase VI, que para no ser degradados necesitan de la cobertura permanente del monte. En el mejor de los casos, estas tierras deben ser destinadas a actividades silvo pastoriles, a ganadería extensiva o a la obtención de madera con criterios muy selectivos, con el objetivo permanente de preservación del monte por su alto servicio ambiental, que desvirtúa cualquier concepto de tierra ociosa que se pueda manejar desde los despachos oficiales. En definitiva, si se desmontara y se destinara la región a la actividad agrícola, los suelos colapsarán de tal modo que cuando venza el plazo del alquiler a los extranjeros, serán suelos estragados.
Vale la pena retroceder
Estamos a tiempo para dejar sin efecto el entendimiento firmado entre el gobierno y los inversores saudí. Desde todo punto de vista conviene interrumpir el proyecto. Es necesario que no se entreguen en alquiler, o bajo cualquier otro formato jurídico, las tierras públicas del Chaco, sobre todo en latifundios a extranjeros porque se violará el espíritu y la letra de la Constitución y se producirá un extraordinario daño ambiental y social, quizás irreversible.
Debe entenderse que la posible transferencia del uso y de la explotación de miles de hectáreas de tierras fiscales a AGC/SIASA significará una forma solapada de adjudicación indirecta y temporaria de las tierras y un mecanismo concreto de extranjerización y de concentración, en abierta contradicción con todas las pautas fijadas por el gobierno nacional y por la opinión pública. Vale la pena retroceder.
Resistencia, viernes 4 de marzo de 2011
Rolando Núñez.
La propia presidenta Cristina Fernández anunció, durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que la futura regulación de la propiedad de la tierra seguirá el modelo brasilero, indiscutiblemente progresista aunque insuficiente. Se enfatizó sobre la intensa ola de compra y concentración de tierras por parte de extranjeros, profundizada durante la época menemista, rescatándose la necesidad estratégica de defender el interés y el desarrollo nacional.
Algunas pautas del memorándum de entendimiento
El memorándum de entendimiento fue firmado el 22 de febrero entre el gobernador de Chaco, la firma Alkhorayef Group Company (AGC), representada por José F. Tomás y Siasa Latinoamericana (SIASA), encabezada por Daniel Tardito. Los compromisos asumidos no son jurídicamente vinculantes; no se generan derechos ni obligaciones para los firmantes, de manera que es posible ser dejado de lado el entendimiento sin que traiga aparejado ningún tipo de consecuencias económicas o de otra naturaleza.
AGC se presentó como una empresa diversificada en industria, comercio y desarrollo de proyectos, dedicada al suministro y mantenimiento de maquinaria pesada y equipamiento de riego, más otros servicios para el sector agrícola, en forma directa o a través de sus empresas controladas. Para cualquier notificación fijó domicilio en la Caja 305 del Correo de la ciudad de Riad, Arabia Saudita. SIASA se presentó como una sociedad anónima, en formación, con oficinas en Tigre. Tiene por principal objeto agrupar managers.
El objetivo del entendimiento sería el desarrollo, llave en mano, de un emprendimiento agrícola en aproximadamente 40 mil hectáreas de tierras de propiedad de la Provincia del Chaco. La producción que se logre debe ser entregada al Reino de Arabia Saudita. AGC será el desarrollador del proyecto y principal responsable de Arabia Saudita, vinculando a las fuentes de financiamiento saudí, a los ingenieros, a los sub-contratistas, consultores y proveedores, asegurándose en operar como el único y exclusivo comercializador de los productos agrícolas que se obtengan en el emprendimiento.
La preparación del estudio de viabilidad del proyecto está a cargo de la Provincia del Chaco. Mientras tanto, AGC y SIASA indicarán el fondo saudita interesado para el desarrollo y otros financistas internacionales que deseen participar en la financiación del proyecto, a través de un préstamo a la Provincia del Chaco, que debe ser garantizado por la República Argentina, como garante soberana.
En el futuro se debe elaborar el proyecto de desarrollo vinculante, a partir del cual comenzarán las responsabilidades irrenunciables de las partes, en términos de financiamientos y de ejecución del proyecto, que se plasmarán en los contratos definitivos.
En cuanto a la financiación, de punta a punta aunque sin especificaciones, se contempla que requerirá de 300 a 400 millones de dólares estadounidenses. En el artículo 2.4 se precisó que las necesidades de financiamientos se obtendrán a través del apoyo del Banco Saudí de Desarrollo, los bancos regionales y los financistas comerciales, con garantía soberana argentina, con un financiamiento aproximado de 12 años.
En al artículo 2.6 se establece que la Provincia del Chaco poseerá y proveerá la tierra y proporcionará todo tipo de apoyo para la ejecución del proyecto, garantizando que las empresas de Arabia Saudita tengan prioridad en el alquiler de la tierra, así como a AGC.
Chaco no coincide con las políticas nacionales
De todas y de cada una de las cláusulas del memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno del Chaco, AGC y SIASA deriva que el emprendimiento inevitablemente desembocará en la concentración y en la extranjerización del uso y de la explotación de las tierras fiscales. Al mismo tiempo, de manera inesperada, ha quedado en evidencia que los lineamientos de la gestión local no coinciden con las pautas del gobierno nacional, en un tema que no es menor sino estratégico para los intereses del país y de alta exposición por la sensibilidad de la opinión pública respecto del preocupante y creciente fenómeno de extranjerización de la tierra argentina.
En cualquier caso, la decisión política del gobierno provincial merece un fuerte reproche y una esclarecedora crítica social porque cuando incipientemente nace en Argentina la necesidad y la urgencia de regular la propiedad y uso de la tierra con parámetros modernos y progresistas, al amparo de la concepción de bien social de la tierra, aparece este emprendimiento que contradice abiertamente las pautas mínimas de administración responsable de las tierras fiscales y de los recursos naturales, que es lo mismo que decir que no se custodia ni se protege el ambiente y la biodiversidad.
El emprendimiento no se ajusta a la ley y a la Constitución
El proyecto desvirtúa y desnaturaliza la letra y el espíritu de la Constitución, que establece -con absoluta claridad- las pautas que regulan la propiedad, el uso y la explotación de las tierras fiscales, señalando a quienes se debe adjudicar, los objetivos perseguidos y las prohibiciones. Nuestra carta magna definidamente alienta la entrega de la tierra a pequeños productores, a sus hijos y a las comunidades indígenas, prohibiendo la entrega a sociedades mercantiles, salvo excepciones que deben ser formuladas por ley, con fundamentos serios y comprobables.
Nuestra Constitución no autoriza a que el gobierno alquile las tierras fiscales. Desde esta perspectiva, el emprendimiento con financistas saudí se evidencia absolutamente inconstitucional, además de ser un nuevo caso de extranjerización y de concentración de las tierras.
Además, el proyecto no se ajusta a la ley 2913 ya que a lo largo de su texto no contempla que el gobierno provincial alquile tierras fiscales. Por ello es que la continuidad y ejecución del temerario emprendimiento necesitará –inevitablemente- de la sanción de una nueva ley para que se modifique la actual. En ese marco aparece la responsabilidad futura de los legisladores provinciales, quienes no deberían apoyar tal iniciativa, con lo cual harían un gran aporte en la tarea de preservar los derechos colectivos y los activos de los chaqueños, actualmente en riesgo frente a proyectos como el analizado.
Escasa o nula factibilidad ambiental. Los riesgos y daños
Por si fuera poco que el emprendimiento sea inconstitucional y que no tenga cobertura legal hasta tanto se sancione una nueva ley que calce -como guante a medida- en los intereses que se auspician, el gobierno difundió que el proyecto se localizaría en la zona de Las Hacheras. Esta pequeña comunidad rural, ubicada sobre la ruta provincial Nº 9, a 30 kms. de Miraflores, inicia lo que se llama el camino costero hacia Nueva Pompeya y localidades ubicadas más al norte, en El Impenetrable. A su vez, Las Hacheras se localiza también a 30 kms. del único puente de ingreso a la Estancia “La Fidelidad”, de propiedad de los hermanos Roseo, hoy objeto de una gran disputa entre pretensos herederos y compradores fraudulentos después del cruel asesinato de don Manuel. Este campo todavía preserva una extraordinaria riqueza ambiental y de biodiversidad a lo largo de las 148 mil hectáreas ubicadas en el interfluvio chaqueño, con un bioclima excepcional, hoy expuesto a saqueos, a la extracción ilegal de productos forestales, a sobre pastoreos y a ocupaciones ilegales porque no cuenta con ninguna protección.
La región que se extiende entre el Río Bermejo y Las Hacheras está integrada por suelos que no son aptos para la agricultura, aún con riego artificial. Son suelos Clase VI, que para no ser degradados necesitan de la cobertura permanente del monte. En el mejor de los casos, estas tierras deben ser destinadas a actividades silvo pastoriles, a ganadería extensiva o a la obtención de madera con criterios muy selectivos, con el objetivo permanente de preservación del monte por su alto servicio ambiental, que desvirtúa cualquier concepto de tierra ociosa que se pueda manejar desde los despachos oficiales. En definitiva, si se desmontara y se destinara la región a la actividad agrícola, los suelos colapsarán de tal modo que cuando venza el plazo del alquiler a los extranjeros, serán suelos estragados.
Vale la pena retroceder
Estamos a tiempo para dejar sin efecto el entendimiento firmado entre el gobierno y los inversores saudí. Desde todo punto de vista conviene interrumpir el proyecto. Es necesario que no se entreguen en alquiler, o bajo cualquier otro formato jurídico, las tierras públicas del Chaco, sobre todo en latifundios a extranjeros porque se violará el espíritu y la letra de la Constitución y se producirá un extraordinario daño ambiental y social, quizás irreversible.
Debe entenderse que la posible transferencia del uso y de la explotación de miles de hectáreas de tierras fiscales a AGC/SIASA significará una forma solapada de adjudicación indirecta y temporaria de las tierras y un mecanismo concreto de extranjerización y de concentración, en abierta contradicción con todas las pautas fijadas por el gobierno nacional y por la opinión pública. Vale la pena retroceder.
Resistencia, viernes 4 de marzo de 2011
Rolando Núñez.
Señor Gobernador Jorge M. Capitanich, son necesarias las inversiones, pero…
ESPACIOS (Espacio de Participación Ciudadana Organizada y Solidaria) desea nuevamente hacerle ver al Sr. Gobernador que, NO DEBE firmar ningún acuerdo de explotación de tierras fiscales , a las cuales en lugar de ociosas debiéramos pensarlas en el marco de la ley como lo establece claramente el art. 42 de nuestra Constitución que dice: “El régimen de división o adjudicación de la tierra pública será establecido por ley, con sujeción a planes de colonización, con fines de fomento, desarrollo y producción que prevean:
1- La distribución por unidades económicas de tipo familiar, de acuerdo con su calidad y destino. 2- La explotación directa y racional por el adjudicatario.
3- La entrega y adjudicación preferencial a los aborígenes, ocupantes, pequeños productores y su descendencia; grupos de organización cooperativa y entidades intermedias sin fines de lucro, …” Por lo expuesto queda claro que este artículo no está contemplado en absoluto en su decisión de entregar 30.000 Has, de las 200.000 has disponibles. al grupo saudí Al-Khorayef a pesar de las objeciones manifestadas por el Foro por la Tierra.
Asimismo el art.43 expresa: “No podrán ser adjudicatarias directas o indirectas las sociedades mercantiles, cualquiera sea su forma o naturaleza, y las instituciones de carácter religioso o militar...”
Por otra parte, la zona improductiva del impenetrable a que se refiere, cuenta con 2.645.457 has de bosque nativo declaradas Categoría de Conservación II (amarilla) de acuerdo al Ordenamiento Territorial de Los Bosques Nativos de la Provincia (Ley de Presupuestos Mínimos Nº 26.331), donde no se puede desmontar atendiendo a que hay que conservar la biodiversidad y el monte nativo. No tiene el Chaco tierras ociosas, si tiene tierras donde no se debe hacer agricultura.
Cuando desde su libro “Chaco: el secreto de la Argentina” dice “La concienciación social contribuye a la capacidad de acción colectiva y a la identificación de objetivos estratégicos, metas de acción, estrategias de intervención territorial e interacción del sector público y privado sobre la base de un proyecto de provincia que nos contenga a todos…” y agrega “Es un homenaje, además, a nuestros chacareros, campesinos y hacheros del monte, a nuestros criollos que trabajaron y trabajan a sol y sombra, a nuestros trabajadores e intelectuales y a quienes representaron, desde distintas posiciones, las voces plurales de expresión de nuestro pueblo” los chaqueños creemos que su intención fue concebir un Chaco mejor e inclusivo para quienes menos tienen y no hacer que capitales foráneos exploten los recursos que les negamos a los pueblos originarios y criollos que hasta ahora hicieron Chaco. ¿Cuál es el homenaje a las voces plurales si no las escucha?
Al crear los Consorcios Rurales dio un signo de esperanza a los pequeños agricultores y a sus hijos, ya que trabajando la tierra podrían realizar sus sueños, sin que el campo los expulse; una nueva etapa de arraigo se ponía en marcha, y parecía que usted, señor Gobernador se comprometía en aplicar el art. 38, que en su inc.1 expresa: ”La preservación, protección y recuperación de los recursos naturales y su manejo a perpetuidad”, como también el art.49 “La Provincia promoverá la transformación de los latifundios y minifundios en unidades económicas de producción…” . Con el anuncio del acuerdo con el grupo saudí esto parece simple fuego de artificio para desviar la atención de las verdaderas intenciones del uso de nuestra tierra.
La fortaleza de una sociedad democrática y republicana está basada en el respeto irrestricto de nuestras normas e instituciones y es deber de los funcionarios públicos el dar el ejemplo para que los ciudadanos comunes se sientan protegidos y también se sumen al respeto de las leyes que nos rigen; cuando más elevado es el cargo, mayor la responsabilidad y el cuidado del bien común de todos los ciudadanos chaqueños.
GASPAR A. RACHZ NÉSTOR GNUS JULIO R. MOSCHEN
Presidente Vicepresidente Secretario
ESPACIOS: SAN LORENZO 1.124 - RESISTENCIA - Cel. (03722) 15-755715 - espacioschaco@gmail.com
1- La distribución por unidades económicas de tipo familiar, de acuerdo con su calidad y destino. 2- La explotación directa y racional por el adjudicatario.
3- La entrega y adjudicación preferencial a los aborígenes, ocupantes, pequeños productores y su descendencia; grupos de organización cooperativa y entidades intermedias sin fines de lucro, …” Por lo expuesto queda claro que este artículo no está contemplado en absoluto en su decisión de entregar 30.000 Has, de las 200.000 has disponibles. al grupo saudí Al-Khorayef a pesar de las objeciones manifestadas por el Foro por la Tierra.
Asimismo el art.43 expresa: “No podrán ser adjudicatarias directas o indirectas las sociedades mercantiles, cualquiera sea su forma o naturaleza, y las instituciones de carácter religioso o militar...”
Por otra parte, la zona improductiva del impenetrable a que se refiere, cuenta con 2.645.457 has de bosque nativo declaradas Categoría de Conservación II (amarilla) de acuerdo al Ordenamiento Territorial de Los Bosques Nativos de la Provincia (Ley de Presupuestos Mínimos Nº 26.331), donde no se puede desmontar atendiendo a que hay que conservar la biodiversidad y el monte nativo. No tiene el Chaco tierras ociosas, si tiene tierras donde no se debe hacer agricultura.
Cuando desde su libro “Chaco: el secreto de la Argentina” dice “La concienciación social contribuye a la capacidad de acción colectiva y a la identificación de objetivos estratégicos, metas de acción, estrategias de intervención territorial e interacción del sector público y privado sobre la base de un proyecto de provincia que nos contenga a todos…” y agrega “Es un homenaje, además, a nuestros chacareros, campesinos y hacheros del monte, a nuestros criollos que trabajaron y trabajan a sol y sombra, a nuestros trabajadores e intelectuales y a quienes representaron, desde distintas posiciones, las voces plurales de expresión de nuestro pueblo” los chaqueños creemos que su intención fue concebir un Chaco mejor e inclusivo para quienes menos tienen y no hacer que capitales foráneos exploten los recursos que les negamos a los pueblos originarios y criollos que hasta ahora hicieron Chaco. ¿Cuál es el homenaje a las voces plurales si no las escucha?
Al crear los Consorcios Rurales dio un signo de esperanza a los pequeños agricultores y a sus hijos, ya que trabajando la tierra podrían realizar sus sueños, sin que el campo los expulse; una nueva etapa de arraigo se ponía en marcha, y parecía que usted, señor Gobernador se comprometía en aplicar el art. 38, que en su inc.1 expresa: ”La preservación, protección y recuperación de los recursos naturales y su manejo a perpetuidad”, como también el art.49 “La Provincia promoverá la transformación de los latifundios y minifundios en unidades económicas de producción…” . Con el anuncio del acuerdo con el grupo saudí esto parece simple fuego de artificio para desviar la atención de las verdaderas intenciones del uso de nuestra tierra.
La fortaleza de una sociedad democrática y republicana está basada en el respeto irrestricto de nuestras normas e instituciones y es deber de los funcionarios públicos el dar el ejemplo para que los ciudadanos comunes se sientan protegidos y también se sumen al respeto de las leyes que nos rigen; cuando más elevado es el cargo, mayor la responsabilidad y el cuidado del bien común de todos los ciudadanos chaqueños.
GASPAR A. RACHZ NÉSTOR GNUS JULIO R. MOSCHEN
Presidente Vicepresidente Secretario
ESPACIOS: SAN LORENZO 1.124 - RESISTENCIA - Cel. (03722) 15-755715 - espacioschaco@gmail.com
martes, 1 de marzo de 2011
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