El gobierno nacional impulsa, política e institucionalmente, un importante proyecto para lograr una nueva regulación de la propiedad de la tierra en la Argentina, con eje en la protección de la soberanía, pero fundamentalmente con el objetivo de impulsar el acceso a la propiedad de miles de familias campesinas, minifundistas y pequeños productores sin tierras. El proyecto habla de la regulación de la propiedad de la tierra casi en el umbral de considerarla como “un bien social”, lo que implica una profunda modificación positiva en el concepto y en la visión acumulada ininterrumpidamente en nuestro país. El objetivo mayor de la nueva postura política nacional se orienta a frenar el fuerte proceso de extranjerización de la tierra y a establecer un nuevo régimen en materia de contratos rurales. Se reconoció, al fin, que 17 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras, en regiones de alta concentración de recursos naturales estratégicos y de gran valor de biodiversidad. También se admitió que más de 500 mil familias campesinas están excluidas de la tierra, que es lo mismo que decir que son excluidos de la producción y del trabajo, o sea que integran el vasto lote de pobres e indigentes de la Argentina.
La propia presidenta Cristina Fernández anunció, durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que la futura regulación de la propiedad de la tierra seguirá el modelo brasilero, indiscutiblemente progresista aunque insuficiente. Se enfatizó sobre la intensa ola de compra y concentración de tierras por parte de extranjeros, profundizada durante la época menemista, rescatándose la necesidad estratégica de defender el interés y el desarrollo nacional.
Algunas pautas del memorándum de entendimiento
El memorándum de entendimiento fue firmado el 22 de febrero entre el gobernador de Chaco, la firma Alkhorayef Group Company (AGC), representada por José F. Tomás y Siasa Latinoamericana (SIASA), encabezada por Daniel Tardito. Los compromisos asumidos no son jurídicamente vinculantes; no se generan derechos ni obligaciones para los firmantes, de manera que es posible ser dejado de lado el entendimiento sin que traiga aparejado ningún tipo de consecuencias económicas o de otra naturaleza.
AGC se presentó como una empresa diversificada en industria, comercio y desarrollo de proyectos, dedicada al suministro y mantenimiento de maquinaria pesada y equipamiento de riego, más otros servicios para el sector agrícola, en forma directa o a través de sus empresas controladas. Para cualquier notificación fijó domicilio en la Caja 305 del Correo de la ciudad de Riad, Arabia Saudita. SIASA se presentó como una sociedad anónima, en formación, con oficinas en Tigre. Tiene por principal objeto agrupar managers.
El objetivo del entendimiento sería el desarrollo, llave en mano, de un emprendimiento agrícola en aproximadamente 40 mil hectáreas de tierras de propiedad de la Provincia del Chaco. La producción que se logre debe ser entregada al Reino de Arabia Saudita. AGC será el desarrollador del proyecto y principal responsable de Arabia Saudita, vinculando a las fuentes de financiamiento saudí, a los ingenieros, a los sub-contratistas, consultores y proveedores, asegurándose en operar como el único y exclusivo comercializador de los productos agrícolas que se obtengan en el emprendimiento.
La preparación del estudio de viabilidad del proyecto está a cargo de la Provincia del Chaco. Mientras tanto, AGC y SIASA indicarán el fondo saudita interesado para el desarrollo y otros financistas internacionales que deseen participar en la financiación del proyecto, a través de un préstamo a la Provincia del Chaco, que debe ser garantizado por la República Argentina, como garante soberana.
En el futuro se debe elaborar el proyecto de desarrollo vinculante, a partir del cual comenzarán las responsabilidades irrenunciables de las partes, en términos de financiamientos y de ejecución del proyecto, que se plasmarán en los contratos definitivos.
En cuanto a la financiación, de punta a punta aunque sin especificaciones, se contempla que requerirá de 300 a 400 millones de dólares estadounidenses. En el artículo 2.4 se precisó que las necesidades de financiamientos se obtendrán a través del apoyo del Banco Saudí de Desarrollo, los bancos regionales y los financistas comerciales, con garantía soberana argentina, con un financiamiento aproximado de 12 años.
En al artículo 2.6 se establece que la Provincia del Chaco poseerá y proveerá la tierra y proporcionará todo tipo de apoyo para la ejecución del proyecto, garantizando que las empresas de Arabia Saudita tengan prioridad en el alquiler de la tierra, así como a AGC.
Chaco no coincide con las políticas nacionales
De todas y de cada una de las cláusulas del memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno del Chaco, AGC y SIASA deriva que el emprendimiento inevitablemente desembocará en la concentración y en la extranjerización del uso y de la explotación de las tierras fiscales. Al mismo tiempo, de manera inesperada, ha quedado en evidencia que los lineamientos de la gestión local no coinciden con las pautas del gobierno nacional, en un tema que no es menor sino estratégico para los intereses del país y de alta exposición por la sensibilidad de la opinión pública respecto del preocupante y creciente fenómeno de extranjerización de la tierra argentina.
En cualquier caso, la decisión política del gobierno provincial merece un fuerte reproche y una esclarecedora crítica social porque cuando incipientemente nace en Argentina la necesidad y la urgencia de regular la propiedad y uso de la tierra con parámetros modernos y progresistas, al amparo de la concepción de bien social de la tierra, aparece este emprendimiento que contradice abiertamente las pautas mínimas de administración responsable de las tierras fiscales y de los recursos naturales, que es lo mismo que decir que no se custodia ni se protege el ambiente y la biodiversidad.
El emprendimiento no se ajusta a la ley y a la Constitución
El proyecto desvirtúa y desnaturaliza la letra y el espíritu de la Constitución, que establece -con absoluta claridad- las pautas que regulan la propiedad, el uso y la explotación de las tierras fiscales, señalando a quienes se debe adjudicar, los objetivos perseguidos y las prohibiciones. Nuestra carta magna definidamente alienta la entrega de la tierra a pequeños productores, a sus hijos y a las comunidades indígenas, prohibiendo la entrega a sociedades mercantiles, salvo excepciones que deben ser formuladas por ley, con fundamentos serios y comprobables.
Nuestra Constitución no autoriza a que el gobierno alquile las tierras fiscales. Desde esta perspectiva, el emprendimiento con financistas saudí se evidencia absolutamente inconstitucional, además de ser un nuevo caso de extranjerización y de concentración de las tierras.
Además, el proyecto no se ajusta a la ley 2913 ya que a lo largo de su texto no contempla que el gobierno provincial alquile tierras fiscales. Por ello es que la continuidad y ejecución del temerario emprendimiento necesitará –inevitablemente- de la sanción de una nueva ley para que se modifique la actual. En ese marco aparece la responsabilidad futura de los legisladores provinciales, quienes no deberían apoyar tal iniciativa, con lo cual harían un gran aporte en la tarea de preservar los derechos colectivos y los activos de los chaqueños, actualmente en riesgo frente a proyectos como el analizado.
Escasa o nula factibilidad ambiental. Los riesgos y daños
Por si fuera poco que el emprendimiento sea inconstitucional y que no tenga cobertura legal hasta tanto se sancione una nueva ley que calce -como guante a medida- en los intereses que se auspician, el gobierno difundió que el proyecto se localizaría en la zona de Las Hacheras. Esta pequeña comunidad rural, ubicada sobre la ruta provincial Nº 9, a 30 kms. de Miraflores, inicia lo que se llama el camino costero hacia Nueva Pompeya y localidades ubicadas más al norte, en El Impenetrable. A su vez, Las Hacheras se localiza también a 30 kms. del único puente de ingreso a la Estancia “La Fidelidad”, de propiedad de los hermanos Roseo, hoy objeto de una gran disputa entre pretensos herederos y compradores fraudulentos después del cruel asesinato de don Manuel. Este campo todavía preserva una extraordinaria riqueza ambiental y de biodiversidad a lo largo de las 148 mil hectáreas ubicadas en el interfluvio chaqueño, con un bioclima excepcional, hoy expuesto a saqueos, a la extracción ilegal de productos forestales, a sobre pastoreos y a ocupaciones ilegales porque no cuenta con ninguna protección.
La región que se extiende entre el Río Bermejo y Las Hacheras está integrada por suelos que no son aptos para la agricultura, aún con riego artificial. Son suelos Clase VI, que para no ser degradados necesitan de la cobertura permanente del monte. En el mejor de los casos, estas tierras deben ser destinadas a actividades silvo pastoriles, a ganadería extensiva o a la obtención de madera con criterios muy selectivos, con el objetivo permanente de preservación del monte por su alto servicio ambiental, que desvirtúa cualquier concepto de tierra ociosa que se pueda manejar desde los despachos oficiales. En definitiva, si se desmontara y se destinara la región a la actividad agrícola, los suelos colapsarán de tal modo que cuando venza el plazo del alquiler a los extranjeros, serán suelos estragados.
Vale la pena retroceder
Estamos a tiempo para dejar sin efecto el entendimiento firmado entre el gobierno y los inversores saudí. Desde todo punto de vista conviene interrumpir el proyecto. Es necesario que no se entreguen en alquiler, o bajo cualquier otro formato jurídico, las tierras públicas del Chaco, sobre todo en latifundios a extranjeros porque se violará el espíritu y la letra de la Constitución y se producirá un extraordinario daño ambiental y social, quizás irreversible.
Debe entenderse que la posible transferencia del uso y de la explotación de miles de hectáreas de tierras fiscales a AGC/SIASA significará una forma solapada de adjudicación indirecta y temporaria de las tierras y un mecanismo concreto de extranjerización y de concentración, en abierta contradicción con todas las pautas fijadas por el gobierno nacional y por la opinión pública. Vale la pena retroceder.
Resistencia, viernes 4 de marzo de 2011
Rolando Núñez.
