El Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” realizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación reclamando ante la falta de respuestas institucionales en la provincia del Chaco sobre la puesta en funcionamiento del Juzgado Multifuero en Misión Nueva Pompeya. Según el titular de esa organización, Rolando Núñez, la falta de implementación de la ley 6.357/09 podría constituir un caso de “negación de justicia” colocando al Chaco en una posible violación de Tratados Internacionles de Derechos Humanos.En el escrito remitido al titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, describe críticamente que para toda la zona de El Impenetrable que abarca alrededor de 35 mil kilómetros cuadrados el único punto de referencia del sistema judicial del Chaco se encuentra en la ciudad de Juan José Castelli. “Concretamente, la justicia civil, laboral, administrativa, comercial, correccional y penal termina en dicha ciudad, de tal modo que las comunidades indígenas y de criollos más pobres de la República Argentina deben recorrer cientos de kilómetros para llegar a los tribunales, por lo que se repiten y se profundizan los abusos, atropellos, malos tratos y explotaciones que benefician a los sectores concentrados de los poderes político y económico, quienes tienen garantizado un amplio régimen de impunidad”, sostiene el documento.La presentación advierte que “el sistema de Justicia de Paz existente en la región es obsoleto, brindado sin medios apropiados, con todo tipo de carencias y, fundamentalmente, dirigido por jueces que fueron nombrados mayoritariamente sin que rindieran concursos públicos de antecedentes y oposición, de tal modo en que fueron digitados por los intereses políticos y judiciales de la época nefasta que arrancó en 1995”. En ese sentido, agregó que se asiste a una “degradación institucional sistémica” considerando que “el broche más indecoroso pasa por la integración de una mayoría automática que es miembro del órgano de gobierno del Poder Judicial del Chaco, que accedieron a sus cargos por la voluntad hegemónica del régimen político de la época, lo que permitió que sus nombramientos no estuvieran precedidos por concursos de antecedentes y oposición, a través del cual la justicia chaqueña perdió independencia, neutralidad y transparencia, sirviendo a los poderosos y abandonando a los más humildes”.El documento vuelve a cuestionar a la conducción del Poder Judicial del Chaco y también a la Cámara de Diputados por no haber incluido en su presupuesto 2.010 la partida correspondiente a la puesta en marcha del juzgado multifuero en Misión Nueva Pompeya, asegurando que “los representantes institucionales han reafirmado el estado de negación y/o privación de justicia para las grandes mayorías sociales que habitan en El Impenetrable, conformado por los más pobres e indigentes de la Argentina”.Tras exponer la situación a la que se encuentran sometidos los miles de chaqueños y chaqueñas que habitan la zona de El Impenetrable en cuanto al servicio de justicia, el Centro Mandela sostiene que las características del caso permiten entablar una hipótesis exacta de negación de justicia, “lo cual coloca a nuestra provincia, como estado autónomo de la República Argentina, en una hipótesis directa de violación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que fueron incorporado a nuestro derecho interno, con rango constitucional, a través de la reforma de 1994, de suerte que esto posibilita y genera la carga de intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación en punto a la tutela concreta que deriva de la vigencia de los Tratados referidos”.
Fuente: www.chacodiapordia.com
